EL ALCALDE RESPONDIÓ EL DERECHO DE PETICIÓN

Mediante una escueta carta, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo respondió el Derecho de Petición formulado por el Concejal del POLO DEMOCRÀTICO ALTERNATIVO, CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÒN, el cual está relacionado con la denuncia penal que en contra del mandatario local formuló el ciudadano John Fáber Bravo Ibarra.

Dice el alcalde: “En respuesta a su petición de información acerca de una actuación del Alcalde de la ciudad el pasado 28 de mayo, me permito manifestar que su inquietud versa sobre unos hechos que al parecer han sido denunciados ante las autoridades penales y disciplinarias, lo que me impone un deber de reserva”

Manifiesta el Concejal BALLESTEROS BARÓN que se trata de una evidente falta de respeto por parte del mandatario para con el Concejo de Medellín y con el Corporado del POLO en particular argumentar “un deber de reserva”, para responder el Derecho de Petición, cuando ante los medios de comunicación ha hablado extensamente sobre los hechos que motivaron la denuncia penal.

Insistió el representante del POLO en el cabildo municipal que los ciudadanos de Medellín en las elecciones de octubre pasado votaron por un administrador para la ciudad, es decir un estadista, un alcalde y no por un “PATRULLERO”.

DERECHO DE PETICIÓN

Señor

ALONSO SALAZAR JARAMILLO.
Alcalde de Medellín
E.S.D.

Ref. Derecho de petición.

CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARÓN obrando como Ciudadano y Concejal de la ciudad de Medellín, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 70.114.927 de Medellín, en ejercicio del DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICION consagrado en el artículo 23 de la Constitución política del país, mediante el presente escrito me permito presentar la siguiente:

PETICIÓN

Sírvase informarme los hechos y circunstancias que dieron lugar a la denuncia formulada por el señor JOHN FÁBER BRAVO IBARRA en su contra, presentada el 28 de mayo de 2008, en la que se atribuye a usted una serie de actos realizados en contra del denunciante, los cuales de ser ciertos son de mucha gravedad, ya que presuntamente constituyen los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR, SECUESTRO SIMPLE, CONSTREÑIMIENTO ILEGAL Y ABUSO DE AUTORIDAD.

ANTECEDENTES FÁCTICOS QUE DAN LUGAR A ESTA PETICION

Debido a que no es común que un Concejal tenga que acudir al ejercicio del derecho fundamental de Petición en un caso como este, me permito explicar los antecedentes que me motivan a hacerlo:

1.- Por un medio de comunicación radial me enteré de que el ciudadano JOHN FABER BRAVO IBARRA había formulado denuncia penal en su contra por unos supuestos hechos que según el denunciante podrían dar lugar a los delitos señalados bajo el acápite de la petición.

2.- Esta circunstancia me generó las normales inquietudes como ciudadano, abogado y ante todo como Concejal por ser representante de la comunidad, pues no me imagino que el Alcalde de una ciudad como Medellín asuma las conductas mencionadas; mi mente se resigna a aceptar que una persona con su dignidad realice esa función como si fuera un inescrupuloso policía, pues estamos hablando de la máxima autoridad de la ciudad de Medellín, quien en toda su actuación debe obrar de manera ejemplar. En mi sentir el alcalde se ha instituido para atender esos asuntos pero desde otro nivel y en esta importante ciudad la población se merece un verdadero estadista.

De otra parte, me resisto a creer que una persona de tal dignidad realice actos que impliquen el atropello e irrespeto de los derechos de cualquier ciudadano, independientemente de sus antecedentes (advierto que no conozco al denunciante), no se podría aceptar que se combata la violencia y la delincuencia con actos violentos y delincuenciales; reitero, me niego a creer que esos hechos se hayan presentado.

3.- Por esta razón e inspirado en lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 136 de 1.994 le formulé la siguiente proposición al Honorable Concejo de Medellín:
“Solicito que por la mesa directiva se requiera al señor alcalde para que explique por escrito o como lo considere pertinente los hechos y circunstancias que dieron lugar a la denuncia formulada por el señor JOHN FABER BRAVO IBARRA en su contra presentada el 28 de mayo del año en curso, en la que se atribuyen una serie de actos realizados por el burgomaestre, los que de ser cierto son de mucha gravedad ya que presuntamente constituyen los delitos de concierto para delinquir, secuestro simple, constreñimiento ilegal, abuso de autoridad. Denuncia conocida por la opinión pública en los medios de comunicación entre los que se destaca la emisora Radio Súper en cuya página web se puede escuchar el texto de la misma”

4.- La reacción de los concejales que aún se encontraban en la sesión y algunos de los que estaban ingresando en ese momento al recinto, para mí fue desconcertante, vergonzosa y defraudante, pues sin análisis serio les pareció que se agredía al alcalde y de inmediato como sus aúlicos incondicionales rechazaron la proposición dándome la impresión de que se pretendía ocultar algo grave (el famoso “tapen, tapen, tapen”). Era evidente que muchos de ellos no entendían la proposición y algunos no la han entendido aún, pero en nuestra desafortunada manera de hacer política eso no importa.

Algunos de mis colegas despistados sustentaron el rechazo con argumentos que dejan mucho que desear, pues expresamente indicaron que no era válido CITAR al alcalde cuando de la proposición no se puede inferir que ello fuera lo pretendido; otros, argumentaban que se estaba acusando al alcalde, y como se puede observar ese no es el sentido de la proposición, tenga en cuenta que algunos concejales ingresaron al recinto cuando estaba leyendo la denuncia e interpretaron que se trataba de la proposición; otros, argumentaban que no podíamos exigir informes al alcalde desconociendo el texto claro del artículo 38 de la ley 136 de 1.994; otros, descalificaban la denuncia en contra del alcalde por estar muy bien redactada y que era extraño que un simple administrador de un parqueadero pudiera hacerlo de esta manera; otros, la cuestionaban por el medio de comunicación que había servido de fuente, por cuanto según su criterio, había apoyado a otro candidato a la alcaldía; otro, trataba de disculparse conmigo por cuanto yo sí le había apoyado en sus justas causas; uno de ellos pasaba de curul en curul desorientando a los de por sí despistados concejales, tal vez para evitar enfrentarse nuevamente en un franco debate conmigo (¡sus razones tendrá!).
Según esto, ninguno de mis colegas allí presentes tuvo la preocupación que tuve y que sigo teniendo y que con seguridad tienen los medellinenses en relación con unos supuestos hechos bochornosos cuya interpretación por la ciudadanía ha venido creciendo con el morbo que estas circunstancias producen, alimentados por algunos medios de comunicación que lo único que hacen es cumplir su función.

5.- Igualmente motiva esta petición la sugerencia que me hizo el mismo día el presidente de la Corporación doctor Federico Gutiérrez, quien me recordó que al no ser aprobada la proposición el camino del derecho de petición era viable.

6.- Finalmente, creo que es más conveniente para usted hacer una aclaración, así simplemente indique que la misma haría parte de la reserva del sumario o cualquier otra que a bien tenga. Considero que en nada le ayuda el apoyo “ciego” e “irracional” que le están brindando sus circunstanciales y débiles escuderos en el Concejo de Medellín, esa actitud demuestra en mi criterio un mal consejo. Habría sido incluso pertinente por parte de los Concejales haber aceptado la sugerencia verbal del doctor Guerra Hoyos, en el sentido de concertar una entrevista personal con usted, señor alcalde.

Insisto en que para su tranquilidad, mi tranquilidad y la de los ciudadanos supuestamente representados en el Concejo es importante su aclaración, la que seguramente será satisfactoria y en ello confío.

FUNDAMENTOS

La presente solicitud está fundamentada en el derecho constitucional de petición (artículo 23), derecho mediante el cual los ciudadanos podemos exigir de la administración una pronta respuesta en aquellos temas relacionados con el manejo de lo público. Es de resaltar que en las denuncias formuladas se habla de actuaciones realizadas bajo la investidura pública de Alcalde, la utilización de vehículos oficiales, de personal subordinado a su cargo y la manifestación sobre el fracaso de políticas públicas (proceso de paz en Medellín), motivo suficiente para requerir de su parte una aclaración respecto de la ocurrencia o no de los hechos denunciados.

Parto por pensar que los hechos referidos no son ciertos, pero como lo he señalado es necesaria una manifestación clara al respecto para la tranquilidad de la comunidad y evitar la bola de nieve que su silencio genera, el que sólo sirve para que se genere un ambiente de duda en la comunidad y en los medios, lo cual afecta gravemente la imagen de las instituciones.

Atentamente,

CARLOS A. BALLESTEROS BARÓN
Concejal de Medellín.